Que un niño, niña o adolescente (muchacha o muchacho) se encuentre involucrado en alguna actividad sexual abusiva, obedece a la posición de poder que tiene el adulto abusador sobre la víctima. El abuso sexual ocurre cuando existe una asimetría de poder entre las partes por diferencia de edad -que implica necesariamente diferencias a niveles psicológicos- agravado por las condiciones de ventaja del victimario sobre la víctima, bien por que tiene autoridad sobre ésta o cuenta con su confianza; o por las estrategias de control que utiliza para consumar el abuso: seducción, soborno, intimidación, amenazas, o cualquier forma de manipulación psicológica , incluyendo el uso de fuerza física o armas ( Kempe, Sgroi, Ramírez).
Cuando el abuso sexual sucede dentro del hogar y es perpetrado por algún adulto de la familia, se llama incesto. Desde el punto de vista del Código Penal se considera que hay incesto sólo cuando media un vínculo consanguíneo entre las partes. Desde una perspectiva psicológica, las situaciones calificadas como incestuosas abarcan un espectro más amplio e incluyen cualquier tipo de contacto sexual directo (desde manoseos y toqueteos, hasta la violación) o indirecto (exposición a material pornográfico, exhibicionismo, sexo cibernético, entre otros) del niño, niña o adolescente con otra persona de su hogar – sea consanguínea o no- con quien exista la relación de poder sobre la que se sostiene el abuso sexual (el padre biológico, el abuelo, la tía, el padrastro, el hermano mayor). Desde este punto de vista, lo importante es el lugar simbólico que el agresor ocupa para el niño, niña o adolescente.
Desde la lógica de la disparidad de poder, encontramos que el abuso sexual no siempre es perpetrado por una persona adulta. La dinámica abusiva puede ocurrir entre un adolescente o un niño grande y otro menor. La edad no es un referente cuando la victima tiene alguna discapacidad que afecta su madurez psicológica y capacidad cognitiva. Son números los casos de abuso sexual en la población con necesidades especiales.
El abuso sexual se da en hogares de todas las clases sociales sin distingo de etnia, sexo (en la etapa infantil son objeto de abuso niñas y niños en igual cuantía), religión, ubicación geográfica o tendencia política. En cambio, la garantía de atención psicológica profesional y el acceso a la justicia están absolutamente determinados por la clase social. Los más pobres no tienen acceso a atención psicológica especializada porque no existen en el sector público, y en cuanto al acceso a la justicia, a los problemas de celeridad crónicos de nuestro sistema de justicia se suma la visión culpabilizante de la víctima frecuente entre jueces y fiscales.
En Avesa hemos pautado el 28 de febrero como fecha de cierre del Servicio de Apoyo Psicológico a Victimas de Violencia Sexual y Doméstica fundado hace 26 años y donde hemos atendido 10.903 personas. Este año los niños, niñas y adolescentes pobres y abusados sexualmente que el Estado no atiende y tampoco permite que atendamos las organizaciones no gubernamentales, se quedaran a la deriva. Esperamos respuesta pública de la Ministra de Salud antes de esa fecha.
Mercedes Muñoz. avesa1@cantv.net
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